· Aclaración a imprecisiones del artículo de opinión titulado “Petro y la recentralización, ahora el Catastro”, publicado el día 17 de enero de 2024 en la Revista Semana.
Bogotá, D.C. 5 de febrero de 2024. En relación con el artículo mencionado, es fundamental aclarar algunos puntos ante la opinión pública, sobre la gestión catastral a nivel nacional.
En primer lugar, como lo hemos manifestado reiteradamente en diferentes escenarios, hay una relación intrínseca entre el catastro multipropósito y la construcción de paz, ya que, entre muchos otros argumentos, el Acuerdo de Paz firmado en La Habana establece que es fundamental la implementación del catastro multipropósito como una iniciativa que vaya mucho más allá de la visión fiscal tradicional.
Para su implementación, la Ley 1955 de 2019 estableció la naturaleza del catastro como un servicio público, otorgándole al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) la facultad de habilitar a los municipios, departamentos y asociaciones de municipios como gestores catastrales. De esta manera, se buscaba entregar la competencia a las entidades locales habilitadas, descentralizando la gestión catastral. Además, con la expedición de la normatividad posterior, se abrió la posibilidad de que un gestor catastral pueda contratar con otros entes territoriales, para que pueda prestar el servicio público en su jurisdicción.
El diagnóstico realizado sobre la implementación, muestra un escenario no tan halagüeño (positivo). A la fecha, 288 municipios cuentan con gestores catastrales diferentes al IGAC, pero solo el 16 % de estos ha realizado los procesos catastrales a los que se comprometió, lo cual evidencia claramente que se han presentado deficiencias en la prestación del servicio. Además, varios de estos presentan problemáticas en la atención de los trámites de conservación catastral y las peticiones de los despachos judiciales o de las entidades nacionales o locales que requieren información catastral, como la Unidad de Restitución de Tierras o la Agencia Nacional de Tierras. Esto implico una revisión al modelo de habilitación, sin cambiar las reglas básicas definidas en la normatividad expedida para tal fin. Con corte al 31 de diciembre del 2023, en el indicador de hectáreas actualizadas a nivel nacional, los gestores catastrales habían aportado el 13,7 % de la meta, mientras que el IGAC había sido responsable del 86,3 %, pese a la desfinanciación estructural de la última década, de la que no se hace referencia en las valoraciones frente a la gestión del instituto, como sucede en el artículo de opinión citado.
En este sentido, el hecho de verificar la experiencia e idoneidad de los gestores no es algo recientemente impuesto. Así lo determinó el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.2.2.5.7 del Decreto 1983 de 2019, exigir que estos tengan las capacidades mínimas para prestar debidamente el servicio es una medida que busca evitar situaciones como las evidenciadas en algunos contratos que hoy se encuentran vigentes o en procesos de devolución del servicio al IGAC.
Lo que se señala como una acción para que el IGAC mantenga el control sobre los municipios, impidiendo que las entidades territoriales refuercen sus capacidades y contribuyan al logro de la meta establecida en materia catastral, no es el reflejo de lo que pretende el plan de desarrollo, ni la norma catastral expedida en el marco del mismo (Resolución 1040 de 2023), pues no solo continúa ofreciendo la opción de habilitar gestores, sino que además, permite la opción de que los municipios contraten los gestores existentes con unas reglas claras que permitan proteger a los ciudadanos y los recursos públicos.
Tan es así, que luego de la expedición de la Resolución 1040 de 2023, se han suscrito contratos para la prestación del servicio, demostrando que la normativa facilita la contratación y el fortalecimiento de los gestores. El hecho de que los procesos relacionados con la entrega de información catastral tengan un marco normativo más claro, que incluye procesos de acompañamiento y busca alianzas con gestores con capacidad y experiencia, refleja el compromiso del IGAC con apoyar el fortalecimiento de las entidades territoriales, validando su autonomía y regulando en función de las necesidades y requerimientos del sector.
Por otra parte, como lo cita el artículo, efectivamente la apropiación presupuestal asignada al IGAC para el proyecto de actualización catastral llegó a los 308,5 mil millones de pesos. Esta cifra corresponde a una apropiación inicial de 145,5 mil millones de pesos y una adición de 163 mil millones, la cual se hizo efectiva en agosto de 2023. A 31 de diciembre de 2023, el nivel de compromisos para este proyecto fue de 69,75 %. Esto refleja una mejora en la capacidad institucional para la ejecución de los recursos asignados, con un aumento en la ejecución de compromisos del 31 %, con respecto a la vigencia anterior.
Con este recurso, el IGAC avanza en la actualización de 30,6 millones de hectáreas, lo que aporta en un 27 % al cumplimiento de la meta definida en el Plan Nacional de Desarrollo, que corresponde al 70 % del territorio nacional actualizado catastralmente con enfoque multipropósito. Con este esfuerzo, triplicaremos la cifra recibida del Gobierno anterior, que era del 9,4 % del área actualizada y junto con los recursos de 2024 estaremos operando 56,4 millones de hectáreas en todo el territorio nacional, el 49,6 % del país.
Por su parte, en relación con los recursos asignados hasta la vigencia 2022 en la subcuenta de catastro del Fondo Colombia en Paz, por un valor de 52.700 millones de pesos, fueron destinados a insumos cartográficos para 16 municipios y para procesos de formación y/o actualización, estos no fueron contratados por el Gobierno anterior, pues las licitaciones fueron declaradas desiertas. Durante la vigencia 2023, y con el rescate de estos recursos, se adelantaron nuevamente los procesos contractuales, estos recursos, sumados a los asignados en 2023 por Bolsa Paz por 33 mil millones de pesos y a los asignados por el IGAC (PGN inversión) por 80 mil millones de pesos, permitirán avanzar en la formación y/o actualización catastral de 36 municipios adicionales, para lo cual también se adelantaron los procesos precontractuales en 2023.
Por último, aclaramos —una vez más— que ni en la teoría ni en la praxis el verbo regular es sinónimo de centralizar, y que seguimos avanzando en la ejecución de los recursos destinados a la consecución de una vida digna para las y los colombianos. Apreciamos la oportunidad de aclarar estos aspectos y reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una Geografía para la Vida.