La capital del departamento del Casanare se ubica entre los 50 sitios con mayor avalúo en el país. Llegó a 71.642 predios y 4,3 millones de metros cuadrados de área construida.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), si alguien quisiera y pudiera comprar todo el territorio colombiano, debería tener la “módica” suma de $1.329 billones.
Así lo revela la entidad en su más reciente estudio sobre el estado catastral de los 1.122 municipios, corregimientos y ciudades del país, el cual a su vez indica la presencia de 18,8 millones de predios y más de 1.424 millones de metros cuadrados de área construida.
Los 20 sitios que más aportaron a este avalúo fueron: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Envigado, Santa Marta, Villavicencio, Chía, Manizales, Tunja, Valledupar, Montería, Palmira, Floridablanca y Pasto.
En la posición 47 se ubicó Yopal, con un avalúo de $2,5 billones, 4,7 por ciento más que en la vigencia pasada, cuando la cifra fue de $2,4 billones.
78,3 por ciento de este valor corresponde al avalúo de las zonas urbanas y 21,6 por ciento al de las rurales.
Yopal llegó a 71.642 predios, de los cuales 5.009 se conformaron recientemente. En cuanto al área construida, la ciudad sumó cerca de 4,3 millones de metros cuadrados (172 mil nuevos).
Panorama departamental
El análisis del IGAC indicó que el departamento del Casanare ahora presenta un valor catastral de $5,6 billones, 170.686 predios y 10,6 millones de metros cuadrados construidos.
Los cinco avalúos más altos fueron en Yopal ($2,5 billones), Aguazul ($984 mil), Tauramena ($699 mil millones), Maní ($404 mil millones) y Paz de Ariporo ($206 mil millones); y los más bajos en Recetor ($4,2 mil millones) y La Salina ($4,9 mil millones).
Un lunar en el departamento es la desactualización catastral. De los 19 municipios, 17 están desactualizados en sus zonas rurales y urbanas.
Según Niyer Lozano, Director Territorial del IGAC en Casanare, la actualización catastral se debería hacer por lo menos cada cinco años. “Al no realizarla, los municipios dejan de percibir recursos para realizar inversiones en proyectos sociales, económicos y ambientales. Sumado a esto, no se conoce con exactitud la cantidad de predios y el área construida, lo que evita poner en marcha un ordenamiento territorial efectivo”, puntualizó.