Ambas entidades suscribieron un convenio por $60 millones para adelantar el proceso de conservación catastral en cerca de 300 predios urbanos y rurales.
Según la base catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el municipio boyacense de Villa de Leyva cuenta con 8.879 predios, de los cuales el 69% son rurales y el 31% urbanos.
En cuanto a la cantidad de zonas construidas, la información oficial revela cerca de 819 mil metros cuadrados, ubicados equitativamente tanto en las zonas urbanas como rurales.
Sin embargo, según Mauricio Mejía Naranjo, Director Territorial del IGAC en Boyacá, estas cifras no revelan la realidad o actualidad física del municipio, ya que su última actualización catastral fue en el año 2013.
“Villa de Leyva es uno de los municipios más visitados por turistas extranjeros y nacionales en todo el país, razón por la cual su infraestructura hotelera y comercial mejora cada día. Cuatro años es tiempo suficiente para que se incrementen el número de predios y el área construida, datos que no hacen parte de la información oficial actual”.
Mejía Naranjo indicó que las finanzas del municipio también se han visto afectadas por contar con un catastro al borde de la desactualización (según la ley, la actualización debe hacerse por lo menos cada cinco años).
“Entre 2016 y 2017, el municipio solo incrementó su avalúo catastral en un 4,1%, con aproximadamente $33,5 mil millones más; valor que sería mucho más significativo si estuviera actualizado”.
Para contar con información más precisa, conocer mejor su realidad física y mejorar sus finanzas, el IGAC y la Alcaldía de Villa de Leyva decidieron suscribir un convenio para realizar un proceso de conservación catastral en aproximadamente 300 predios urbanos y rurales del municipio.
“Esta actividad consiste en identificar los cambios que experimentan la propiedad raíz en sus aspectos físicos, jurídicos, económicos y fiscales. Comprende la visita de predios que hayan sufrido variaciones de uso, construcción y valorización, información que permite actualizar el censo catastral”, dijo el Director Territorial.
En las zonas seleccionadas por ambas entidades, este proceso de conservación identificará los englobes, desenglobes, incorporación de construcciones, rectificaciones, revisiones de avalúos, predios adicionales y mutaciones.
“El primer paso será un reconocimiento predial, que consta de la identificación de los predios con construcciones nuevas o con ampliaciones, al igual que urbanizaciones o barrios que no hacen parte del inventario catastral. También se evalúan aquellos terrenos con cambio de uso o actividad económica”, apuntó Mejía Naranjo.
El funcionario aclaró que debido a que las actividades de conservación incrementarán la base catastral del municipio, se pueden presentar variaciones en los valores del impuesto predial.
Ante esto, Mejía Naranjo enfatizó que el IGAC solo se encarga de calcular la base del gravamen sobre la cual los municipios facturan su cobro, y que son los Concejos Municipales son quienes fijan las tarifas para el pago del impuesto.
“Este tipo de acciones catastrales le permiten a los municipios contar con una información mucho más actualizada, lo que permite fortalecer sus finanzas y realizar proyectos relacionados con la estratificación socioeconómica, los Planes de Ordenamiento Territorial, el saneamiento y formalización de la propiedad rural y la restitución de tierras”, puntualizó.