En el foro sobre los 20 años de la expedición de la Ley 388 de 1997 organizado por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi en el marco de la 7ª Semana Geomática el IGAC los expositores concluyeron que el actual modelo de ordenamiento territorial colombiano debe pasar por una reforma de fondo.
“Luego de analizar las ventajas, limitaciones e impactos que ha producido esta ley en estas
dos décadas, consideramos que estamos en un momento crucial para darle un vuelco al
ordenamiento en el país”, así lo dijo Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del IGAC.
Para esto, los expertos en Ordenamiento territorial del IGAC proponen poner en marcha ocho grandes acciones, las cuales se adaptan a los requerimientos que necesita el país en el siglo XXI, y que van de la mano con lo contemplado en el Acuerdo de Paz.
La primera sería un ajuste metodológico que desarrolle enfoques regionales, estimule las formas asociativas e incorpore el tratamiento a las nuevas modalidades de ocupación, como son las zonas de reserva campesina, las zidres, la rurbanización y las oportunidades de turismo.
Como segunda medida, el IGAC plantea la aplicación de mecanismos de regulación y control, y así coordinar los planes municipales y departamentales, y supervisar su coherencia y ejecución de los planes aprobados.
“Esto implicaría la creación legal de una instancia nacional de regulación y control del ordenamiento territorial”, anotó el Director del IGAC.
El tercer pilar es el fortalecimiento de la asistencia técnica por parte de los departamentos y de las entidades nacionales, lo que complementaría la escasa capacidad técnica e institucional de numerosos entes municipales.
La cuarta reforma consiste en la formulación y adopción de una Política General de Ordenamiento Territorial, lo que conllevaría a una planeación multiescalar y una articulación del ordenamiento territorial con el productivo, ambiental y el de cuencas hidrográficas.
“El ordenamiento territorial debe ajustar la normatividad sobre la gestión del riesgo, teniendo en cuenta las capacidades técnicas y financieras de los municipios para el estudio de las amenazas. Esta sería nuestra quinta propuesta”, apuntó el funcionario.
Como sexta transformación está una amplia visión de lo urbano, que tenga en cuenta los fenómenos de aglomeración, la incorporación de los centros poblados, un estricto
tratamiento a las zonas de expansión urbana y el uso efectivo de instrumentos financieros como la plusvalía y la valorización.
Por último, estarían la consagración de la obligatoriedad de las acciones y proyectos previstos en cada Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para las sucesivas administraciones y un régimen sancionatorio por su incumplimiento; y la reglamentación de los Planes de Ordenamiento Departamental.
“La cristalización de estas líneas de acción implicará serias reformas a la Ley 388 de 1997,
así como un esfuerzo de concertación entre las agencias nacionales comprometidas en estos temas, las Corporaciones Autónomas Regionales y los departamentos y municipios”,
aclaró Nieto Escalante.
Posconflicto, un momento crucial
El Director del IGAC aseguró que con el Acuerdo de Paz, Colombia se encuentra en una
coyuntura excepcional en relación con el ordenamiento territorial.
“La coyuntura del postconflicto, es decir, el ordenamiento territorial en la construcción de
un país en paz, implica importantes retos y oportunidades desde el punto de vista del ordenamiento del territorio”.
Según Nieto Escalante, para dar cumplimiento a las acciones contempladas en la Reforma
Rural Integral, primero es necesario que los municipios revisen sus POT.
A través de estos planes, los municipios definen el uso del suelo y determinan de las infraestructuras productivas, de movilidad y los equipamientos sociales, tales como las dotaciones de salud, educación, vivienda y agua potable y mercadeo.
“De no realizar esta revisión, se verían comprometidas la formación y actualización del catastro; el cierre de la frontera agrícola; la protección de áreas de reserva; las sustracciones de las Zonas de Reserva Forestal; y la formulación y realización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.
Nieto Escalante señaló que para dar solución a las drogas ilícitas, es necesario articular los
PDET y los POT, y que los planes integrales de sustitución contemplen obras de infraestructura social de ejecución rápida, acciones de recuperación ambiental y de adecuación de suelos para cultivos lícitos.
La precaria situación de los POT
Estudios del DNP indican que a finales de 2016, de los 1.102 POT del país, 888 vencieron
su vigencia de largo plazo.
A esto se suman otros análisis que revelan que los POT ya formulados adolecen de
inconsistencias metodológicas; omisión de temas como el riesgo y el cambio climático;
nulo enfoque regional; poca articulación con otros instrumentos; y falta de instrumentos
de aplicación en temas como el uso del suelo, financiación y seguimiento y control.
“Otro hallazgo negativo es la omisión de los mecanismos de control y evaluación contemplados en la Ley 388, lo que impide hacer una evaluación real del impacto que los POT pudieron tener sobre el territorio”, dijo Luis Carvajal, asesor de ordenamiento
territorial del IGAC.
Los grandes cambios en el territorio son otro factor que juega en contra del actual modelo
de ordenamiento.
Hace pocas décadas, en Colombia solo se hablaba de cuatro grandes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. A la fecha, el país ya alberga 18 zonas de amplia aglomeración urbana, que cubren 113 municipios con 22,4 millones de habitantes urbanos.
“Estas áreas tienen nuevas problemáticas, como las ciudades dormitorio, la rurbanización
en forma de condominios campestres, las grandes superficies ocupadas por establecimientos fabriles, el comercio, la agroindustria y las zonas francas”, informó
Carvajal.
El asesor del IGAC puntualizó que el país debe actuar sobre la concentración de la propiedad y las modificaciones de los perímetros urbanos mediante el control de los ajustes de los POT “con intereses indebidos“, como lo ha denunciado recientemente el Fiscal General de la Nación”.
Las voces de los expertos
Seis expertos en la materia también participaron en el foro de Ordenamiento Territorial
del IGAC y dieron sus puntos de vista sobre la urgente reforma de la Ley 338.
El panel estuvo enmarcado en la conferencia del Ex Presidente Ernesto Samper, en cuyo gobierno se expidió esta norma y estuvo conformado por Humberto Molina, consultor en ordenamiento; Alfredo Molina, Representante a la Cámara; Gisela Paredes, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento; y los alcaldes de Neiva, Rodrigo Lara; y de Ibagué Guillermo Jaramillo.
Estos fueron algunos de los apartes de sus intervenciones:
Expresidente Ernesto Samper Pizano:
• “El gran tema pendiente de la Constitución de 1991 sigue siendo el ordenamiento
territorial. Aún no hemos sido capaces de sacar una legislación consistente que cree un
nuevo equilibrio en el régimen territorial colombiano”.
• “La Ley 1454 de 2011 es un falso positivo de ordenamiento territorial. El país sigue
esperando el gran cambio previsto en la Constitución”.
• “El gran marco del ordenamiento territorial sigue sin resolverse”.
• “La Ley de regalías va en contra del ordenamiento territorial, ya que introdujo más
desorden y le quitó a las regiones el sentimiento de identidad regional que suponían las
regalías”.
• “Ahora estamos en una etapa adicional, la de un país que está pasando del conflicto de
50 años al posconflicto”.
• “El tema de la plusvalía ha sido uno de los temas que más se ha discutido. Hay un gran
debate sobre la mala utilización de los POT en cuanto al cambio de uso de la tierra”.
• “No se trata de acabar con los POT, sino de acabar con los corruptos que utilizan los
POT”.
• “Los curadores urbanos no están funcionando bien”.
• “La violencia del país está asociada con los problemas de tierras desde los años 50”.
• “La falta de una política de reforma agraria generó la violencia en los años 50”.
• “Seguimos siendo un país en el cual el 1% de propietarios es dueño del 50% de las
tierras”.
• “Otro pendiente en el ordenamiento territorial colombiano es la expedición de una ley
de tierras que nivele las condiciones en que está repartida la tierra en el ámbito rural”.
• “Si no introducimos el concepto de la ruralidad en el ordenamiento rural, no vamos a
ser capaces de tener un buen ordenamiento urbano”.
• “Hay un divorcio entre el campo y la ciudad que sigue haciéndose manifiesto”.
• “Hoy estamos jugando en otra cancha, que es la cancha de la paz”.
• “Debemos comenzar a reconstruir una sociedad en la cual se eliminen las causas de la
violencia, entre ellas el tema de las tierras…”.
• “En los cuatro años que lleva el proceso de negociación nos hemos economizado 3 mil
muertos y el secuestro cayó un 10%”.
• “El país está creciendo doblemente en la producción de alimentos. Se nota que en el
campo ha vuelto a florecer la paz”.
• “Con la paz sucede lo mismo que pasa con el aire. No sabemos lo que vale y representa
hasta que no lo quitan”.
• “Un país en paz se merece un ordenamiento territorial distinto al que teníamos cuando
teníamos la violencia”.
Gisela Paredes:
• “Debemos clarificar los determinantes ambientales en la ley de ordenamiento
territorial”.
• “La mayoría de ciudadanos no saben qué es el ordenamiento territorial, ni qué es un
POT”.
• “Debemos fortalecer la participación de las veedurías ciudadanas en cuanto al
ordenamiento territorial”.
• “Se debe tener coherencia con lo que dice la ley de ordenamiento”.
Humberto Molina:
• “El ordenamiento territorial está disperso, lo manejan más de 40 entidades. Este se
debe concentrar en un solo ente”.
• “No hemos sido capaces de aplicar la ley de ordenamiento territorial”.
• “En Colombia seguimos regulando como si estuviéramos en 1920”.
• “La mayoría de los POT no se entienden ni se adaptan a lo que establece la ley”.
Alfredo Molina:
• “Si vamos a reformar la ley de ordenamiento, esta debe ser de forma general, es decir
que incluya aspectos ambientales, productivos y sociales”.
• “Hay una gran falla por parte de los organismos de control en cuanto al ordenamiento
territorial”.
• “Existe un gran problema de corrupción en cuanto al cambio de uso del suelo”.
• “No se puede seguir atropellando al pequeño campesino”.
• “Hay que reestructurar la ley de ordenamiento, pero teniendo presente aspectos como
el ordenamiento ambiental y social”.
• “El exceso de normas es una de las principales fallas para el ordenamiento territorial”.
Guillermo Jaramillo:
• “Los municipios están siendo atropellados por delincuentes que los engañan en materia
de ordenamiento territorial”.
• “Gobiernos de Pastrana y Uribe concesionaron casi todo el país”.
• “Cómo se pretende que los municipios hagan un buen ordenamiento territorial, si este
propósito no existe en las grandes autoridades”.
• “Sin una ley de ordenamiento efectiva, cómo pretenden que los municipios sepan sobre
el uso que se le debe dar a sus suelos”.
• “Ley orgánica de ordenamiento territorial es un saludo a la bandera”.
Rodrigo Lara.
• “Debemos conocer el territorio, la vocación de las tierras, y así empezar a planear”.
• “Una gran falla en el ordenamiento territorial es la falta de capacidades de los
pequeños municipios”.
• “Los grandes dueños de las tierras son los principales promotores de la corrupción”.