Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), presentó un panorama sobre las acciones que se llevarán a cabo en la Reforma Integral Rural, y aseguró que los nuevos cambios solo se pueden planear y evaluar a partir de estudios cartográficos y políticas para el uso del suelo y protección ambiental.
Bogotá D.C., Mayo 9 de 2017. Los estudiantes y docentes de la facultad de derecho de la Universidad de La Sabana, fueron auditorio para uno de los temas de mayor interés que vive actualmente el país: el cambio rural integral que se deriva de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.
Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, fue el encargado de plasmar cuáles serán las principales transformaciones en la ocupación del territorio en el posconflicto, y de informar cuál es el papel de la entidad para llevar a cabo estos desafíos.
Según Nieto Escalante, la Reforma Rural Integral será la gran sombrilla para lograr la transformación estructural del campo.
El Director del IGAC afirmó que la nueva gestión del territorio generará cinco principales transformaciones: una reforma de la tenencia de la tierra; la seguridad jurídica en el campo; un nuevo manejo ambiental; la consolidación de las reservas campesinas; y el cambio sectorial.
“El primer reto de la reforma es la tenencia de la tierra, la cual contempla la distribución gratuita de 3 millones de hectáreas en los próximos 10 años. Esta acción beneficiará a los trabajadores y asociaciones con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente y a las comunidades que participen en programas de asentamientos”.
Sin embargo, Nieto Escalante enfatizó que no será una tarea fácil de alcanzar, ya que Colombia es uno de los países más críticos en cuanto a la inequidad de su tierra.
El país cuenta con 3,1 millones de predios rurales (sin contar los 363 mil de propiedad horizontal, condominios y mejoras), los cuales están ubicados en 94,6 millones de hectáreas.
De este total, el 63% tiene menos de 3 hectáreas (2,03 millones de predios microfundios), pero solo representan el 1% del área rural.
Entre tanto, solo el 1% de los predios tienen más de 200 hectáreas (33.354), pero abarcan el 72% de las hectáreas rurales.
Un estudio realizado en 70 países, ubicó a Colombia en la posición 60 por la concentración de la propiedad rural.
“Pocos microfundios pueden constituirse en una Unidad Agrícola Familiar que permita sostener a una familia campesina. Esta pésima situación de la tenencia es la que pretende modificarse con las reformas del Acuerdo”, dijo el funcionario.
Titulación a los campesinos
La segunda transformación será la seguridad jurídica del campo, una formalización de la propiedad que permitirá que los campesinos poseedores tengan el reconocimiento oficial y público de su propiedad, es decir que reciban la titulación.
En 2013, Colombia tenía 3,9 millones de predios inscritos, de los cuales solo 1,5 millones tienen título; es decir que el 60% de las propiedades están en la informalidad.
El Acuerdo de Paz habla de formalizar 7 millones de hectáreas, la cual se llevará a cabo con programas específicos o con la aplicación del Catastro Multipropósito.
“Esta es una acción de gran importancia para los campesinos, ya que la carencia de títulos de propiedad restringe las oportunidades de operaciones de crédito, fomenta la presencia de conflictos de linderos y dificulta los procesos de restitución”, apuntó el Director.
No atentar contra los recursos naturales
El tercer cambio es el nuevo manejo ambiental del territorio, el cual se realizará a través de tres reformas.
Con un Plan de zonificación ambiental (que deberá estar listo en dos años), se determinará la frontera agrícola, tomando en cuenta las zonas de reserva forestal, de alta biodiversidad, los ecosistemas estratégicos, cuencas, páramos y recursos hídricos.
“Es la primera vez que se establece una norma sobre un plan de zonificación ambiental para evitar que la frontera agrícola se siga expandiendo e invadiendo los ecosistemas, sobre todo los de la zona oriental colombiana”, complementó el directivo.
La segunda reforma ambiental consiste en el apoyo a las comunidades residentes en áreas de manejo ambiental especial. Para esto, contarán con programas que les permitan un buen vivir sin depredar el bosque.
Por último, se harán efectivas las sustracciones en zonas de reserva forestal, con el fin de beneficiar a los campesinos que están limitados por esa restricción.
Reservas campesinas
Se trata de zonas en las cuales se quiere evitar la concentración de la propiedad y focalizar los esfuerzos del Estado.
“Con esta transformación se busca que en unos pocos años, la consolidación de zonas de reservas impida la fragmentación de la propiedad campesina y promueva el desarrollo sostenible del campo”, citó Nieto Escalante es su intervención.
Actualmente, Colombia tiene seis reservas campesinas: Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el sur de Bolívar (Bolívar), el valle del Río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo).
En el Gobierno del Presidente Santos se inició formalmente el proceso para siete zonas: 2 en Montes de María, una en el Catatumbo, 2 en el Meta y las otras en Cesar y Sumapaz.
“Por su enorme importancia para el desarrollo de grandes zonas marginales del país, a esta reforma sobre reservas campesinas debemos agregar las ZIDRES”, dijo el funcionario.
Programas sectoriales
Para Nieto Escalante, las cuatro transformaciones ya mencionadas serán insuficientes e inocuas si no están acompañadas de acciones o programas sectoriales.
“Se trata de un conjunto de obras y acciones que le dan un verdadero significado al concepto de desarrollo rural integral. Hacen referencia a acciones que debe adelantar el Estado mediante programas sectoriales, y que son necesarias para garantizar la transformación integral del campo”.
Entre los cambios sectoriales, el Director mencionó las infraestructuras vial, de riego, eléctrica, conectividad y productiva; asistencia técnica agropecuaria; financiación; salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza; y sustitución de cultivos ilícitos.
“Solo mediante la concreción de estas acciones de orden sectorial se le da un verdadero sentido a la noción de la Reforma Rural Integral”, indicó.
IGAC, necesario para la transformación
Por último, el Director del IGAC plasmó cuál es el papel específico de la entidad en los desafíos ya mencionados, e hizo énfasis en cinco frentes de conocimiento: geográfico, cartográfico, agrológico, capacitación geoespacial y catastral.
“Por ser el centro del conocimiento geográfico del país, el IGAC tendrá un papel estratégico en el proceso de transformación. Solo se pueden planear las acciones y evaluar los cambios que se producen en el territorio a partir de la información cartográfica y el diseño de políticas para el uso del suelo y la protección ambiental”.
La información geográfica del IGAC cuenta con dos componentes: los estudios geográficos y la cartografía.
Nieto Escalante aclaró que actualmente todo el país está levantado cartográficamente a escala 1:100.000, y más del 51% a 1:25.000. Por su parte, 321 cabeceras municipales y 12 centros poblados cuentan con cartografía a 1:2.000.
“Con el Plan Nacional de Cartografía esperamos que en cuatro años todo el país tenga información cartográfica básica. Sin embargo, debido a que no todo el territorio requiere la misma escala, la región Andina será priorizada en cartografía 1:5.000 y 1:10.000”.
En el campo agrológico, el IGAC cuenta con estudios de suelos generales en todo el territorio; semidetallados en el 9% (base para la planeación técnica del uso y manejo del suelo); y detallados en el 0,4% (para agricultura de precisión).
“Estos estudios son un insumo fundamental para la puesta en marcha de la reforma rural, que será la principal hoja de ruta para garantizar el acceso y uso adecuado de la tierra, y así empezar a transformar el campo colombiano”, dijo Nieto Escalante.
Entre los insumos geográficos del IGAC están el mantenimiento y la expansión de la Red Geodésica Nacional; la delimitación de los linderos; y el acompañamiento en los procesos de formulación o revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial.
En ordenamiento territorial, el IGAC trabaja en cuatro áreas: suministro de información; formulación de metodologías; asesoría técnica; y participación permanente en la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial y en las Comisiones Regionales.
“El año pasado, la entidad, a través de convenios, prestó asesoría a 32 municipios y a dos departamentos”, anotó el Director.
En cuanto al catastro, Nieto Escalante informó que el IGAC participa en el nuevo catastro de carácter multipropósito, el cual proveerá de información predial detallada, tenencia de la tierra, definición de linderos y articulación del catastro con el registro de la propiedad.
“Esto demuestra que nuestra información y experiencia serán parte fundamental para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo. Aunaremos todos los esfuerzos para fortalecer la economía campesina, incrementar la oferta de alimentos y mejorar el nivel de ingresos y la capacidad de compra de los sectores campesinos”, puntualizó Nieto Escalante.