Así lo aseguró en un foro realizado en la Universidad de Nariño, que contó con la presencia de más de 100 estudiantes de pregrado y posgrado.
Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), reveló que con el Acuerdo de Paz, Colombia se encuentra en una coyuntura excepcional en relación con el ordenamiento territorial.
“La coyuntura del postconflicto implica importantes retos y oportunidades desde el punto de vista del ordenamiento del territorio. Estamos en un momento crucial para darle un vuelco al ordenamiento en el país, el cual ha sido contemplado como un simple saludo a la bandera”.
Según Nieto Escalante, para dar cumplimiento a las acciones contempladas en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, primero es necesario que los municipios revisen sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), encargados de definir el uso del suelo y de determinar la localización de las infraestructuras productivas, de movilidad y los equipamientos sociales.
“De no realizar esta revisión se verían comprometidas la formación y actualización del catastro; el cierre de la frontera agrícola; la protección de áreas de reserva; las sustracciones de las Zonas de Reserva Forestal; y la formulación y realización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial”.
Ante más de 100 estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de Nariño, el Director del IGAC aseguró que el actual modelo de ordenamiento territorial colombiano, producto de la Ley 388 de 1997, debe pasar por una reforma de fondo.
“Proponemos una serie de acciones sobre ordenamiento territorial que se adaptan a los requerimientos que necesita el país en el siglo XXI, y que van de la mano con lo contemplado en el Acuerdo de Paz”.
Entre las acciones están la creación legal de una instancia nacional de regulación y control; el fortalecimiento de la asistencia técnica; la formulación y adopción de una política general; el ajuste de la normatividad sobre la gestión del riesgo; una amplia visión de lo urbano; y la obligatoriedad de las acciones y proyectos previstos en cada POT.
“La cristalización de estas líneas de acción implicaría serias reformas a la Ley 388 de 1997, así como un esfuerzo de concertación entre las agencias nacionales comprometidas en estos temas, las Corporaciones Autónomas Regionales y los departamentos y municipios”, puntualizó Nieto Escalante.
El Director del IGAC anunció que Nariño contará con su propio centro de producción cartográfica, el cual beneficiará a la comunidad de todo en Andén del Pacífico.
“Estamos en negociaciones con la Universidad de Nariño para la creación de este importante proyecto”.
Fallas de los POT
Edgar Mora Gómez, Director Territorial del IGAC en Nariño, informó serias falencias en los POT, como que de los 1.102 del país, 888 vencieron su vigencia de largo plazo.
“Algunos tienen inconsistencias metodológicas, omiten temas como el riesgo y el cambio climático, no tienen enfoque regional y articulación con otros instrumentos, y carecen de instrumentos de aplicación en temas como el uso del suelo, financiación y seguimiento y control”.
Sumado a esto, Mora Gómez indicó que Colombia ha omitido los mecanismos de control y evaluación contemplados en la Ley 388, “lo que impide hacer una evaluación real del impacto que los POT pudieron tener sobre el territorio”.
Suelos, protagonistas del posconflicto
Germán Darío Álvarez Lucero, Subdirector de Agrología del IGAC, afirmó que la reforma integral rural del Acuerdo de Paz tendrá como principal insumo al recurso suelo.
“La reforma de la tenencia de la tierra, la seguridad jurídica en el campo, el nuevo manejo ambiental y la consolidación de las reservas campesinas, se basarán en datos como la vocación y la capacidad de los suelos, información que está en manos del IGAC”.
Álvarez Lucero dijo que el IGAC será fundamental en el nuevo manejo ambiental del territorio, ya que en los estudios de suelos y en el conocimiento técnico de sus profesionales, se forjará el plan de zonificación ambiental que determinará la frontera agrícola, tomando en cuenta las zonas de reserva forestal, de alta biodiversidad, los ecosistemas estratégicos, cuencas, páramos y recursos hídricos.
“Es la primera vez que se establece una norma sobre un plan de zonificación ambiental para evitar que la frontera agrícola se siga expandiendo e invadiendo los ecosistemas, sobre todo los de la zona oriental colombiana”.
El Subdirector de Agrología cercioró que el IGAC participará de forma activa en las sustracciones en zonas de reserva forestal, con el fin de beneficiar a los campesinos que están limitados por esa restricción.
“Nuestros insumos son necesarios para la puesta en marcha de la reforma rural, que será la principal hoja de ruta para garantizar el acceso y uso adecuado de la tierra, y así empezar a transformar el campo colombiano”.